La ONU-DH urge investigar supuestos abusos en detención de normalistas de Mactumactzá

2021-05-23 14:06:59

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) solicitó este domingo a las autoridades del estado de Chiapas garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de los 95 estudiantes normalistas detenidos, pero más que nada garantizar que las mujeres privadas de la independencia estén protegidas contra cualquier viable acto de crueldad sexual.

En una misiva emetida este domingo por esa oficina de la ONU en México se refirió hoy a los 95 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” detenidos el pasado 18 de mayo en una día de manifestaciones para reclamar a la Secretaría de Educación, examen de ingreso presencial para unos mil mil 300 estudiantes que aspiran a entre las 150 matrículas nuevamente ingreso.

“La información que nos llega es alarmante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la responsabilidad e investigadas de forma ágil”, aseveró Guillermo Fernández-Maldonado, gerente de la ONU DH en México.

“Es en especial esencial garantizar que las mujeres privadas de la independencia estén protegidas contra cualquier viable acto de crueldad sexual o de discriminación por fundamentos de género”, añadió Fernández-Maldonado.

Según la información recibida por la ONU-DH, el 18 de mayo, en la caseta de cobro de la autopista de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Viviendas fueron detenidas 97 personas, 93 de ellas alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” (72 mujeres y 21 hombres) y cuatro personas una parte de las familias alejadas del ejido Puebla, Chenalhó (todos hombres, 2 de ellos niños).

Las detenciones se brindaron en el contexto de las protestas en contra de los cambios en la prueba de acceso a la escuela. Posteriormente, los 2 niños habrían sido puestos en independencia y las 95 personas sobrantes puestas predisposición del juez, quien declaró legal su detención.

La ONU-Dh afirma que recibió de una parte de presentes de los hechos, organizaciones acompañantes y abogados de la gente detenidas alegaciones sobre actos de probables detenciones arbitrarias, pésimos tratos, crueldad sexual, abusos de poder y empleo excesivo de la fuerza y asimismo información sobre acciones que habrían complicado el ingreso de la multitud detenidas a tener representantes legales de su decisión.

De la misma manera le hicieron llegar a la ONU DH, información sobre probables violaciones a los derechos de las personas detenidas durante su estancia en instalaciones de la Fiscalía General de Chiapas y en el Centro Estatal de Reinserción Popular para Sentenciados 14, “El Amate”.

Por esa razón la ONU solicitó a las autoridades judiciales chiapanecas “asegurar el debido desarrollo a todas y cada una la gente detenidas incluye el absoluto respeto a los principios de presunción de inocencia, la individualización de las formas de proceder que consigan ser calificadas como violatorias de la ley y el ingreso al derecho a la defensa”.

Demandó asimismo que en la situacion de las personas hablantes de lenguas indígenas, se debe integrar la visión intercultural a la investigación, tal como asegurar su derecho a tener servicios de traducción y también interpretación que les dejen proseguir todo el desarrollo y formar parte en el mismo en su idioma, para garantizar su derecho de ingreso a la justicia.

Solicitó además investigqr posibles casos de abuso que podrían ser realizados por las funcionarias públicas y los mandatarios públicos deberán ser ágiles y también imparciales, desde lo ocurrido en el instante de su detención y durante todo el tiempo que la multitud detenidas permanezcan bajo el control de las instituciones del estado.

E investigar si se cumplió con la efectiva incorporación de la visión de género al atender singularmente las demandas de crueldad sexual.

La ONU-DH recocrdó la deber de las autoridades de garantizar que las condiciones de la gente privadas de su libertad cumplan con lo ya establecido en la legislación nacional y los estándares de todo el planeta, bajo una adecuada visión de género y multiculturalidad, incluyendo la atención distinguida a la salud, alimentación, agua, condiciones dignas de hospedaje y los componentes que se necesitan para sostener la higiene. Además de esto, se van a deber adoptar las medidas principales para impedir contagios de covid-19.

Según con la información recibida, las manifestaciones se habrían producido en rechazo a la resolución de las autoridades educativas de detallar que el examen de admisión a la escuela frecuente rural fuese de forma exclusiva en la red, como parte de las medidas para contener los contagios de COVID-19, con lo que se corre el riesgo de denegar su ingreso a la educación a personas que no tengan acceso a computadoras, internet y/o electricidad.

La ONU-DH recuerda a las autoridades que las medidas adoptadas para contener la expansión de la pandemia por COVID-19 deben evitar en todo instante exacerbar la situación de discriminación que viven la multitud y conjuntos comúnmente discriminados y excluidos.

“La pandemia ha agudizado las desigualdades. Es deber de las autoridades evitar que sus medidas profundicen esta brecha. Las medidas de contestación a la pandemia deben poner los derechos humanos en el centro para garantizar que absolutamente nadie sea dejada atrás.

Las jóvenes y los jóvenes indígenas, que han enfrentado la discriminación estructural y frecuentemente viven en condiciones de exclusión y pobreza, están en su derecho a entrar a todos los niveles académicos sin combatir barreras que en la práctica forman discriminación”, concluyó Fernández-Maldonado.

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