Las sobrevivientes olvidadas por la justicia

2021-05-24 06:29:21

 

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de recibir 37 puñaladas en su cuerpo, Jeysol venció a la muerte. Es una sobreviviente de feminicidio pero la justicia mexicana no la protegió. Una mala actuación de las autoridades al clasificar como lesiones un hecho de crueldad extrema que debió ser tentativa de feminicidio, causó que pasara un calvario entre centros de salud y audiencias a lo largo de seis años, pero sin obtener justicia ni tranquilidad todavía. Su agresor prosigue libre.

Ella es es solo una de las historias de los intentos de feminicidio que quedan desprotegidos por la justicia en México.

En los últimos ocho años, las fiscalías de todo el país abrieron 595 investigaciones del día a día en promedio por golpes, quemaduras, estrangulamientos, lesiones con armas blancas o de fuego contra mujeres, o sea, más de 1.7 millones en conjunto. No obstante, en exactamente el mismo lapso de tiempo sólo se comenzaron 781 carpetitas de investigación por feminicidio en nivel de tentativa.

De esas prácticamente unos cuantos millones de indagaciones, no se sabe cuántos casos de extrema violencia que llegaron a juicio como lesiones o violencia familiar debieron ser clasificados como tentativa de feminicidio. En tanto que especialistas consultados para esta investigación señalan que hay situaciones que debieron ser clasificados por este delito y no lo hicieron por carecer de visión de género en la administración de justicia.

Con la formulación de más de 1,200 solicitudes de ingreso a la información a las fiscalías y tribunales de las 32 entidades del país, esta investigación, efectuada en coalición con CONNECTAS,  deja en prueba las adversidades que combaten las mujeres que subsistieron a un intento de feminicidio para entrar a la justicia.

La cifra negra de la tentativa de feminicidio

La noche de su cumpleaños fue su peor pesadilla. Era su festejo número 35, en el mes de abril de 2017 y Yuliana deseó festejarlo a la vera de sus amigas en un bar al centro de Xalapa, Veracruz. Fue de esta manera, hasta el momento en que su ex– pareja la obligó a salir de la fiesta.

Comenzó con reclamos y también insultos, entonces vinieron los golpes. A lo largo de mucho más de 4 horas, Yuliana recibió puñetazos, patadas y fue asfixiada hasta perder el entender. “¿Tú sabes lo que se sentiría estar muerta?”, la amenazaba su ex- pareja serpenteando una navaja sobre su cuello.

Ese día Yuliana estuvo a puntito de ser asesinada; pero logró seducir a su agresor de parar el ataque y llegó a un hospital. Ella teme ser de nuevo agredida y  cambió de hogar en mucho más de dos ocasiones, aun vendió su turismo para no ser identificada.

Desea que su caso sea clasificado como tentativa de feminicidio, en tanto que a Carlos, su ex– pareja, también está acusado por presuntamente cometer un feminicidio en 2016. Yuliana siente que su vida está bajo peligro.

Su caso forma una parte del millón 712 mil 522 carpetitas de investigación abiertas por asaltos y agresiones violentas en oposición a mujeres. Más allá de que ella sabe que su ex- pareja la deseaba asesinar, aún no logra que el delito se clasifique como intento de feminicidio.

De ese total de casos por asaltos y agresiones, las autoridades eligieron clasificar el 68% por el delito de crueldad familiar, con la apertura de un millón 158 mil 166 carpetas de investigación y el 32% por lesiones dolosas esto es 553 mil 575 casos.

En tanto,  menos del 0.05% fueron calificados como feminicidio en nivel de tentativa. Esto es, en los últimos ocho años solo 781 agresiones contra mujeres fueron juzgadas como intentos de feminicidio.

Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, asegura que varios casos de crueldad extrema en oposición a mujeres se atienden con el mínimo esfuerzo de las autoridades. “Muchas veces se inspecciona y se judicializa con otras figuras, por servirnos de un ejemplo, crueldad familiar, lesiones o tentativas de homicidio. Debe ver la falta de visión de género y la carencia de adecuada diligencia”, refiere.

La relevancia de que las situaciones donde la víctima sufrió una tentativa de feminicidio sean clasificados como tal, reside en que tienen la posibilidad de ameritar prisión preventiva ágil para el agresor. Esto desde la ampliación del catálogo en las reformas al Código Nacional de Métodos Penales que incluyó el delito de feminicidio en el mes de febrero de 2021. Con esto, las sobrevivientes tendrían protección para evitar un segundo ataque.

La justicia aún está en deuda con las sobrevivientes. Pese a la apertura de indagaciones por casos de crueldad contra mujeres, no todos llegan a una sentencia condenatoria para los atacantes. En ocho años solo se han dictado 5 mil 901 sentencias condenatorias por crueldad familiar en todo México; 6 mil 410 por lesiones dolosas y solo 182 por tentativa de feminicidio.

Para las sobrevivientes, el ingreso a la justicia y conseguir una sanción para sus agresores es fundamental para retomar su historia y seguridad. Especialistas asimismo afirman que se necesita una reparación integral del daño para las víctimas, en la medida en que algunas mujeres persisten con afectaciones en su salud física y emocional que requieren de intervención especializada.

“Hay una serie de secuelas físicas, económicas, sentimentales que le cambian completamente el destino a las mujeres. No únicamente tienen que salir de sus viviendas, sino pierden su trabajo, la movilidad”, sostiene Ana Yeli Pérez.

Los retos para acreditar la tentativa de feminicidio

Falta de claridad en las leyes, que no exista unificación en los conceptos jurídicos ni su adecuada aplicación, forman vacíos legales que previenen que las situaciones de extrema crueldad contra mujeres sean juzgados como un feminicidio en nivel de tentativa.

La tentativa es una figura jurídica que está en todos los Códigos Penales para ofrecer sanción a una conducta en el instante en que se tuvo la intención de cometerla, la que tiene como pena de uno a 2 tercios de la sanción original.

Para advertir un caso de tentativa de feminicidio hay que cumplir con las situaciones por causas de género que establecen el Código Penal Federal por el feminicidio: que la víctima haya sido incomunicada, que se hagan ver lesiones o mutilaciones, signos de violencia sexual, amenazas o agresiones anteriores, que entre la víctima y el victimario haya una relación de seguridad, o que el cuerpo de la mujer se exponga en una vía pública.

Resulta complejo acreditar que el agresor tuvo la intención de matar a la víctima, pero cuando se revela que el victimario se detuvo por causas extrañas a él, como la intervención de un tercero, es viable probar la tentativa de feminicidio. 

Las leyes en México no están armonizadas en lo que se refiere a la tentativa de feminicidio, ya que sólo 4 estados del país contemplan en un producto, explícitamente, el “feminicidio en nivel de tentativa”, o sea, la literalidad de ese delito. Hablamos de Campeche, Durango, Nuevo León y Puebla, los cuales dan a conocer textualmente las agravantes del castigo cuando se trata de agresiones por razones de género que no llegaron a la desaparición.

Frente a las autoridades legislativas se han anunciado 2 ideas para unificar el concepto de la tentativa de feminicidio, pero prosiguen congeladas y las sobrevivientes se afirman bajo riesgo.

“Incluir el tipo penal como tal de la tentativa de feminicidio para muchos estados resulta ocioso, sin embargo nosotras pensamos que es requisito dada la contrariedad que para bastantes estados y autoridades les supone la calificación del delito”, asegura la activista Argentina Casanova, quien dió acompañamiento a casos de tentativa de feminicidio en la Localidad de México y Campeche.

A pesar de que Campeche fue el primer estado en incorporar la literalidad de este delito en su Código Penal, el Fiscal General del estado, Juan Manuel Herrera Campos, asegura que no todos y cada uno de los casos de agresiones contra mujeres son una tentativa de feminicidio y que no tendría que existir la literalidad en las leyes locales.

“Yo creo que no (es requisito) porque es una cuestión técnica y nuestro Código establece lo que es tentativa”, asegura, pero acepta que es necesaria la capacitación de jueces y jueces para litigar con visión de género.

De igual forma, la abogada Ana Yeli Pérez, también directiva de la Asociación Justicia Pro Persona, apunta que sería reiterativo integrar la literalidad de la tentativa de feminicidio en las leyes de cada estado. “Me da la sensación de que mucho más bien hay un desuso de la ley o de esta figura por la carencia de habilidades”, dijo.

Mientras, para Karen Quiroga, asesora de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática y una impulsora de la legislación en pos de unificar la tentativa de feminicidio en todo el país, resalta que la literalidad es necesaria para que las mujeres conozcan de qué forma ampararse ante una situación de violencia extrema.

“Las víctimas precisan literalidad en la ley. Cuando las mujeres van a enseñar una demanda, en el instante en que reciben el primer daño físico, cuando tienen la posibilidad de aún en vida proceder a denunciar al atacante, hay veces en que se permite el fallo de una conciliación”, afirma Quiroga.

La justicia no resguarda a las sobrevivientes

Mónica Hernández ahora mismo puede reposar apacible. El hombre que intentó asesinarla en el mes de diciembre de 2019 está en prisión, esperando un juicio en su contra por tentativa de feminicidio. Es beneficiada pues su caso es de los pocos ataques de crueldad extrema contra mujeres que llegan a la justicia clasificados como feminicidio en nivel de tentativa.

Sin embargo, a pesar de vivir en lo alto de una montaña no se siente segura. “Creo que el temor siempre y en todo momento y en todo momento existe de que él consigua salir. Te acepto, ando armada todo el tiempo, es lo que me da seguridad”, asegura.

La Fiscalía le asignó medidas de protección en su hogar, pero ella las ve poco funcionales.  “De repente llegó una patrulla, muy lindos, muy afables llegaron a mi casa nos tomamos un café, me afirmaron estamos a sus órdenes pero yo estoy aquí a medio bosque. Ellos se fueron y no volvieron. Nunca me sentí segura”, asegura.

Tiene temor de vivir una nueva agresión alén de que su vivienda se encuentra en la aislada red social El Zapotal en Veracruz, a 25 km de la ciudad más esencial, donde se llega sólo en turismo y prácticamente no hay patrullas.

Precisamente la misma ella, otras 107 mil 74 mujeres tiene órdenes de protección por casos de crueldad, según con cantidades del Banco de Datos de Información sobre casos de Crueldad contra las Mujeres (Banavim) de la Secretaría de Gobernación.

En Jalisco, el estado con mucho más desapariciones en México, es donde más medidas de protección se han asignado a mujeres con 53 mil 320 órdenes que han de ser ejecutadas por policías municipales. Seguido de Quintana Roo con 8 mil 812 y Zacatecas con 5 mil 457.

En contraste, Tamaulipas sólo reporta que da protección a dos mujeres, según precisamente exactamente la misma base de datos. En el catálogo de menos órdenes asignadas está Durango con 16, Aguascalientes con 20 y el Estado de México solo asignó 55 medidas de protección, pese a ser entre las regiones mucho más peligrosas para ser mujer, donde aun se han emitido 2 Alertas de Violencia de Género por el prominente número de feminicidios y desapariciones.

No obstante, el Estado mexicano ha fallado en resguardar a las víctimas. Para esta investigación se solicitó a todas y cada una de las fiscalías del país información sobre los casos de feminicidio que ocurrieron a pesar de que las mujeres contaran con una orden de protección. En los últimos cuatro años, las fiscalías registraron 23 feminicidios, donde las mujeres murieron pese a estar al precaución de las autoridades.

En Jalisco se advirtieron seis feminicidios más allá de que las mujeres tenían medidas de protección, seguido de Sinaloa con cuatro y Coahuila con tres. El resto estados Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí y Nuevo León tuvieron 2 casos respectivamente, al tiempo que Chihuahua y Sonora tuvieron una víctima cada uno de ellos, que la justicia estatal no ha podido proteger.

Estas mujeres eran protegidas por las agrupaciones policiales de cada estado, tras denunciar agresiones principalmente cometidas por sus ex– parejas, por los delitos de violencia familiar, feminicidio en nivel de tentativa, lesiones dolosas y amenazas, pero aún de esta manera fueron asesinadas.

Para este informe se consultó a las autoridades de los estados para comprender sobre la eficiencia y cumplimiento de las órdenes de protección de mujeres; no obstante hasta la publicación de esta investigación no se ha obtenido contestación.

Las sobrevivientes viven en un peligro incesante, algunas no dejan de huir de sus atacantes puesto que las autoridades se niegan a velar por su seguridad. “Te das cuenta que no únicamente debes luchar contra el agresor sino debes encararte asimismo contra un sistema que no funciona para atender a las víctimas”, asegura Mónica Hernández Abascal, sobreviviente de feminicidio quien se niega a convertirse en entre las mujeres asesinadas todos los días en México.

* Una investigación efectuada por Gloria Piña para Proceso, Animal Político, Emeequis, La Lista, Estruendos en la Red y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el contexto de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

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